jueves, 24 de abril de 2014

El reino de las formas: grandes maestros | Exposición itinerante


Museos Mayer, San Carlos y Soumaya reúnen sus obras maestras en exposición itinerante
Tres museos de los sectores público y privado han sumado voluntades para auspiciar por primera vez una exposición itinerante con las obras maestras de sus respectivos acervos. El reino de las formas: grandes maestros. Museo Franz Mayer, Museo Nacional de San Carlos y Museo Soumaya, se titula la muestra que reúne 60 pinturas y relieves en madera (20 de cada recinto), de los siglos XIV al XVIII, de artistas como Francisco de Zurbarán, Esteban Murillo, Luca Giordano, Jan Brueghel, tanto el Joven como el Viejo, Anton van Dyck y Joshua Reynolds. Después de su estancia en el Museo Nacional de San Carlos, la exhibición viajará a cinco ciudades: Tijuana, Monterrey, Torreón, Guanajuato y Querétaro, cuyos habitantes tendrán acceso al arte europeo ‘‘de esas dimensiones”, expresó María Cristina García Cepeda, titular del Instituto Nacional de Bellas Artes.
Ante representantes de la prensa, la funcionaria señaló que fue Héctor Rivero Borrell, director del Museo Franz Mayer, quien hace un par de años tuvo esa idea. Con la llegada de Carmen Gaitán a la dirección del Museo Nacional de San Carlos, ‘‘toma la estafeta y se compromete a que esto se pueda realizar”. Una obra de mediados del siglo XIV, Madona con el Niño y dos ángeles (temple y oro punzonado sobre tabla), de Niccolo di Ser Sozzo Tegliacci, artista de la escuela sienesa, abre la exposición que se divide en tres núcleos temáticos: La tradición religiosa, Alegorías y moralidad y La tradición civil. El reino de las formas será inaugurada la noche de hoy en el Museo Nacional de San Carlos (Puente de Alvarado 50, colonia Tabacalera).

Fuente: La Jornada

Cientos de plumas censuradas, cientos de voces acalladas...


(No) Disentir en silencio
El ejercicio de la libertad de prensa en México en declive. En peligro. Amenazado. Cercado. Acorralado por la violencia contra la prensa y los defensores de derechos humanos. Cercenado por un contexto adverso a la crítica y el disenso. Restringido por un priismo que vuelve a sus viejas prácticas, a sus viejos métodos, a sus viejos recursos de hostigamiento e intimidación. Un país donde el principal perpetrador contra la prensa son las autoridades. Ya sea el gobernador o el presidente municipal o el senador o el diputado o las policías o el Coordinador de Comunicación Social del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados. Intimidando desde el poder aunque argumente que la violencia perpetrada proviene del crimen organizado. El Estado convertido en el peor enemigo de la prensa, en lugar de asegurar un entorno donde opere libremente. Porque la impunidad persiste y es el elemento transversal de casos que conciernen a periodistas, columnistas, editores, y reporteros. Porque la impunidad genera miedo y arrincona e inhibe la responsabilidad de comunicar temas de interés público. Porque la ineficaz respuesta del Estado mexicano va de la mano con un incremento en las agresiones contra la prensa, como lo describe el último reporte de Artículo 19 titulado “Disentir en Silencio”. Cartas intimidatorias. Diseminación de datos personales por las redes sociales. Amenazas de muerte. Secuestros. Asesinatos. Todo lo que cualquier periodista de provincia vive de manera cotidiana. Todo lo que el Estado simula proteger con una mano mientras ataca con la otra. La máscara de la protección detrás de la cual se esconde la cara de la agresión. La violencia contra la prensa aumentó en 2013. Hubo 330 agresiones contra periodistas, de las cuales cuatro fueron asesinatos en tanto que un reportero permanece desaparecido. En México se agrede a un periodista cada 26.5 horas. Y 50 por ciento de esas agresiones fueron llevadas a cabo por un servidor público. Policías lanzando piedras contra manifestantes, o priistas llevando a cabo campañas de desprestigio vía Twitter, o gobernadores bombardeando al periódico que los persigue. Criminalizando la protesta social. Acallando al periodismo de investigación. Generando caso tras caso de autocensura. Convirtiendo a México en uno de los países más peligrosos para ser periodista, para empujar los límites de la libertad de expresión, para alzar la voz, para exigir investigaciones creíbles, contundentes y públicas sobre políticos de alto nivel. De 100 agresiones contra trabajadores de los medios en 2013, 85 se dirigieron contra un reportero o periodista audiovisual; 10 contra directivos y otras cinco se distribuyen entre columnistas, otros empleados y caricaturistas. Eventos después de los cuales los comunicadores no pudieron retomar su trabajo al cien por ciento. El miedo a sufrir nuevas agresiones sin la protección del Estado llevó a cambiar su vida profesional. O dejaron de cubrir sucesos policiacos. O se autocensuraron. O cerraron los medios. O clausuraron el portal. O recibieron amenazas cibernéticas. O padecieron campañas de desprestigio en redes sociales. O enfrentaron persecuciones judiciales de sus atacantes, que en venganza los demandaron penalmente por difamación. Cientos de plumas censuradas, cientos de voces acalladas. Desprotegidas por un sistema judicial incapaz de resolver los crímenes cometidos contra quienes informan, denuncian, critican, escrutan. Desprotegidas por un Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, que depende de la Secretaría de Gobernación.
Que depende del mismo Estado de cuyos representantes –con demasiada frecuencia– proviene la agresión. Que sirve de poco más que para proveer un botón de pánico, que se activa a través de una llamada telefónica, y en rondines de vigilancia de policías estatales y municipales. Y por ello, entre 2007 y 2013 se cometieron 726 agresiones a periodistas, trabajadores de prensa y medios de comunicación. Y el año más violento fue en 2013 con 192 agresiones. Muchas de ellas cometidas en movilizaciones. En protestas sociales. En marchas cuyo objetivo fue denunciar y ante las cuales el Estado optó por censurar. Como el caso de Mario Segura, periodista de Tamaulipas, quien después de sobrevivir un secuestro apeló al Mecanismo de Protección y he aquí su experiencia: “No acepté que se me otorgara seguridad personal. Ya sé que es incómodo, que no sólo me podían hacer daño a mí sino a los propios policías. Prefería la opción del llamado Botón de Pánico. El dichoso botón es un programa de la Secretaría de Gobernación. Se instala en el teléfono y está conectado con las personas que podrían localizarme y darme protección en caso de emergencia. Es un instrumento en el que no confío. Y espero nunca ocuparlo. En mi caso el botón está conectado con personas que ya no trabajan en el Mecanismo desde hace varios meses. Hace un semestre que estoy en la nueva ubicación. Me han prometido los datos de la autoridad que debe atenderme en caso de riesgo, pero aún no ha sucedido”. Y de allí el imperativo de crear protecciones reales para la libertad de expresión en el país. De modificar el Mecanismo de Protección que reproduce la incapacidad e inefectividad del sistema judicial que lo generó. De realmente prevenir, investigar, juzgar y sancionar cualquier ataque a los derechos humanos provenga de donde provenga, incluso de la Coordinación de Comunicación Social de la Cámara de Diputados del PRI. De la integración de las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión. De obligar al fideicomiso público creado para aplicar medidas de infraestructura que garanticen la seguridad de periodistas –sistemas de circuito cerrado de televisión, alarmas, sistemas de monitoreo vía internet, microchips de localización, etcétera– a que ejerza el presupuesto otorgado, ya que no ha gastado un solo peso de él. De eliminar los llamados “delitos contra el honor” como la difamación, que se usan constantemente para cercenar la libertad de expresión. Lo que ningún periodista amenazado puede o debe hacer es callar. Guardar silencio no es una opción vis a vis un Estado que se ha acostumbrado a intimidar. A hostigar. A acorralar. Ante él habrá que disentir fuerte y claro. Al pétreo mascarón que resurge cada seis años, habrá que enfrentarlo con cincelazos ciudadanos, firmes y valientes. Hoy y siempre.

Fuente: Proceso

Cae México en la lista de Tecnologías de la Información del Foro Económico Mundial


México se desploma en ranking de TIC
México cayó 16 posiciones en el ‘Reporte Global de Tecnologías de Información 2014’, presentado este miércoles por el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), para ubicarse en el sitio 79 de 149 naciones, cuando en 2013 ocupaba el escalafón 63 de 148 países. El organismo expone este información basada en un análisis de rubros como marco regulatorio y político, preparación de las empresas, entorno de innovación del país, disponibilidad de tendencias de última tecnología y ancho de banda disponible, entre otros. Uno de los principales índices en los que México presenta una caída de competitividad frente a otras naciones son el acceso a banda ancha: mientras que en en el reporte de 2013, se ubicaba en la posición 63, en esta edición del reporte cae 30 puestos, hasta ubicarse en el lugar 93. Otro de los rubros en los que el WEF percibió una caída en el país fue el entorno de innovación y empresarial en el que ocupó la posición 85, un descenso de 11 peldaños respecto a 2013, cuando se ubicaba en el lugar 74. El Índice de Disposición a la Conectividad (NRI, por sus siglas en inglés) del informe, mide la capacidad de 148 economías de potenciar las TIC a fin de lograr crecimiento y bienestar; México logró un NRI de 3.9 en una escala de 1 a 7, misma cifra alcanzada en 2013.
El WEF dijo que no hay cambios en la parte superior de la clasificación de este año ya que Finlandia (1º), Singapur (2º), Suecia (3º), Holanda (4º), Noruega (5º) y Suiza (6º) conservan todos sus posiciones del año pasado. Mientras tanto, Estados Unidos (7º) continúa su trayectoria ascendente, en tanto que Hong Kong SAR (8º) y la República de Corea (10º) subieron. El Reino Unido (9º) es el único país de los principales diez que ha bajado, ya que antes se ubicaba en la séptima posición. México, de los más bajos en América Latina - En comparación con otros países de América Latina, México aparece por debajo de siete economías de la región; el primero en aparecer en la lista es Chile, con el número 35, seguido de Puerto Rico, Panamá, Costa Rica, Uruguay, Colombia y Brasil; este último registró una caída en el ranking de nueve posiciones, de la 60 a la 69. “Después de un par de años de importantes mejoras en los rankings, México no consolida sus incrementos en listados pasados. A pesar de un poco de progreso en la infraestructura de TIC y mayor aprovechamiento por parte de los individuos, esto es insuficiente para alcanzar los avances de otras economías y, por lo tanto, México no logra la convergencia digital de las economías más avanzadas”, explica el WEF.

Fuente: CNN Expasión

Activista mexicana, nominada al Premio Martin Ennals, de derechos humanos


La fundadora y directora de Proyecto de Derechos económicos, sociales y culturales, Alejandra Anchieta, figura entre los tres nominados a obtener el premio Martin Ennals, considerado como el "Nobel" de los derechos humanos, que se otorgará el próximo 7 de octubre en Ginebra, Suiza.

Fuente: Aristegui Noticias

Michoacán: Un estado a tres fuegos


Un estado a tres fuegos
Michoacán no ve la puerta de salida a las condiciones de violencia en que se vive. Faltan solo 19 días para que se venza el nuevo plazo fijado por el Gobierno Federal para el desarme de las autodefensas, una huelga generalizada paralizó el aparato estatal de gobierno y por si fuera poco, han surgido grupos de civiles presuntamente equipados por el crimen organizado. El lunes, policías estatales, elementos del Ejército y civiles armados, detuvieron en Huetamo a 46 personas que se hacían pasar por integrantes de las autodefensas, pero que presuntamente son “afines a la delincuencia organizada”. Integrados en una fuerza conjunta, autoridades y civiles armados, buscaban avanzar hacia las localidades de la zona Costa Sierra, en donde han identificado más grupos de falsos autodefensas. Aunque no hay una cifra oficial de cuántos grupos atienden a los intereses del crimen organizado, se presume que se han detectado al menos 20 células con el membrete de “grupo de autodefensa”, pero que pudieran estar al servicio de cárteles en esta entidad. En entrevista con Francisco García Davish en Radio Fórmula, el vocero de las autodefensas Estanislao Beltrán Torres reconoció que hay entre los detenidos en Huetamo quienes ni siquiera tienen residencia en Michoacán. Son personas, dijo, que viven en Tamaulipas y Jalisco, pero que han sido movilizados por el Cartel Jalisco Nueva Generación. El miedo a desarme - La tesis de José Manuel Mireles -por la que no acepta un desarme inmediato de las autodefensas de Michoacán- es que aunque se ha menguado la movilidad y reacción del cartel de los Caballeros Templarios, existen otros cárteles como el Jalisco Nueva Generación, que se han interesado en mantener el control de la entidad. La declaración de Estanislao Beltrán sobre los infiltrados en las autodefensa, apunta a la confirmación de lo dicho por Mireles. Se estima que en Michoacán se moviliza una fuerza cercana a los 20 mil hombres armados, de los cuales, poco más de la mitad son los que integran el movimiento armado legítimo, coordinado por Mireles. Paraliza Staspe al estado - El gobierno de Fausto Vallejo se mantiene ajeno a la situación de los grupos de civiles armados por el crimen organizado -que han infiltrado el movimiento de las autodefensas-. Ayer, la administración estatal tuvo otras cosas en qué pesar. El sindicato de burócratas locales inició una huelga que paralizó las actividades del gobierno. Los manifestantes argumentan que la administración estatal ha respondido a las demandas de mejora salarial plateada por los empleados.
En punto de las 8:00 horas de este martes, miembros del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo de Michoacán (Staspe), instalaron las banderas rojinegras en todas las dependencias estales, dando inicio a una huelga generalizada en demanda de mejoras salariales. La huelga se había prorrogado desde los primeros días de enero, cuando la administración de Vallejo fue emplazada en demanda de un incremento salarial directo del 20 por ciento para los trabajadores sindicalizados. La respuesta del gobernador fue ofertar un incremento del 3.5 por ciento, lo que no fue aceptado por el líder sindical, Antonio Ferreyra Piñón. Con la suspensión de labores de los 14 mil sindicalizados con los que cuenta la administración publica de Michoacán, practicamente todas las dependencias del estado dejaron de funcionar regularmente. Violencia no para - El comisionado federal, Alfredo Castillo, anunció acciones para desarticular a las células del crimen organizado que han infiltrado el movimiento de las autodefensas, sin embargo, la de violencia no ha cesado en la entidad. En los últimos días se han registrado agresiones a elementos del Ejército que hacen labores de vigilancia en los municipios de Sahuayo, Vista Hermosa, Briseñas y Yurécuaro. En Chinicuila, el crimen organizado cobró la vida de tres integrantes del grupo legítimo de autodefensa. En Arteaga y Tumbiscatío también se han registrado enfrentamientos entre civiles armados y células del crimen organizado, algunas de ellas actuando también como autodefensas. Ante el incremento de la ola de violencia en la entidad, algunos alcaldes han insistido en solicitar a Castillo una mayor presencia de las Fuerzas Federales de seguridad en sus localidades. Los detenidos - Las 46 personas arrestadas, presuntamente con nexos con el crimen organizado, fueron trasladadas a instalaciones federales para iniciar el proceso penal en su contra. Los detenidos podrían ser acusados de terrorismo, delincuencia organizada y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.

Fuente: ReporteIndigo

Se ha “exacerbado” la tortura en México


Se ha “exacerbado” la tortura en México: Centro Tlachinollan
A pesar de que desde hace 23 años rige la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura y desde hace 11 el Acuerdo A/057/2003 por medio del cual se certifica médica y psicológicamente la tortura y el maltrato con base en el protocolo de Estambul, la tortura en México no se ha erradicado; por el contrario, “se ha exacerbado”. Además, mecanismos como la supuesta aplicación del protocolo de Estambul y la intervención del sistema ombudsman no han contribuido a revertir uno de los principales incentivos para la tortura: “la impunidad”. Lo anterior se desprende del informe que el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan entregó hoy al relator especial de Naciones Unidas en ese tema, Juan Méndez, quien evalúa los avances del gobierno mexicano en materia de tortura. Elaborado con datos obtenidos a través de solicitudes de información, el reporte alerta sobre la falta de sanciones a servidores públicos que cometen actos de tortura, a pesar del reconocimiento de las mismas instituciones de la existencia del flagelo. Este reporte, aclaró la organización, fue entregado al Comité Contra la Tortura (CAT, por sus siglas en inglés) en octubre de 2012 en Ginebra, Suiza, durante la supervisión del comité sobre la aplicación en México de la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Tortura y otros Tratos Crueles e Inhumanos, ratificada por México. Del análisis de datos entregados por cuatro dependencias de la PGR resaltan contradicciones en la información entregada. Por ejemplo, mientras que la Visitaduría General de la PGR informó que de enero de 2002 a junio de 2012 se iniciaron 39 averiguaciones previas por el delito de tortura, y que “en tres se concluyeron en no ejercicio de acción penal, en ningún caso se castigó a los presuntos responsables”. La Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales informó, a su vez, que había localizado 29 averiguaciones previas en las que se señalaba como presuntos responsables a 111 servidores públicos, pero que “ninguna ha sido consignada, sin precisar el lapso de tiempo al que corresponde esta información”. Otra dependencia de la PGR, la Suprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo “habría encontrado una averiguación previa iniciada por el delito de tortura en el periodo 2006-2012 y tres en el presente año (2012), en tanto que la Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional (COPLADII) reportó que del primero de enero al 31 de diciembre de 2011 se iniciaron 23 averiguaciones previas, y en una segunda respuesta de la Visitaduría General se señaló que del primero de agosto de 2011 al primero de agosto se habrían abierto 10 indagatorias. Tras notificar que cuenta con 185 peritos en medicina forense adscritos a la Dirección General de Servicios Periciales, todos “capacitados para la aplicación del Dictamen Médico/Psicológico especializado para los casos de posible tortura/maltrato”, la PGR notificó que desde la entrada en vigor del acuerdo A/057/2003 a julio de 2012 los peritos atendieron 302 casos. De esa cifra, según la PGR “se tienen registrados 128 casos con existencia de lesiones posiblemente derivadas de tortura y/o maltrato”, y el resto, 174 registraron resultados negativos. Este último dato es para Tlachinollan ilustrativo de la falta de actuación de las autoridades en caso de tortura: “Pese a que en 128 casos se ha encontrado que hubo tortura no hubo ninguna sentencia condenatoria, Esto, sin aceptar, desde luego, que entre los casos restantes existan actos de tortura que no fueron considerados como tales por el cuerpo pericial”. Durante el sexenio de Felipe Calderón “se suspendieron los mecanismo institucionales creados para revisar la implementación del instrumente más importante en investigación de la tortura”, pues el Comité de Monitoreo y Evaluación del Dictamen Médico/Psicológico Especializado para casos posibles de Tortura y/o Maltrato sólo se reunió nueve veces desde que fue creado en 2003, dejando de operar en 2011 y 2012, de acuerdo a las respuestas a solicitudes de información procesadas por Tlachinollan.
 El cuanto a la información recabada en la Sedena, dicha dependencia reconoció que de 2002 a 2012 la CNDH le había dirigido 52 recomendaciones relacionadas con tortura, mientras que en ese mismo periodo la Procuraduría General de Justicia Militar refirió la apertura de 142 averiguaciones previas por “violencia contra las personas causando tortura”, y otras 821 por “violencia contra la personas causando lesiones”. De acuerdo con las respuestas de la Sedena, en ese mismo periodo los juzgados castrenses abrieron seis causas penales, pero hasta 2012, ningún miembro de las fuerzas armadas había sido condenado por ese delito; ello a pesar de que la dependencia reconoció en una de sus respuestas que contaba con tres peritos forenses capacitados para aplicar el Protocolo de Estambul y que de seis ocasiones en que lo utilizaron, sólo en tres casos había resultado positivo. Los datos de la CNDH, revelan que, pese al incremento preocupante de denuncias y recomendaciones por tortura, el organismo que preside Raúl Plascencia Villanueva ha sido incapaz de dar seguimiento a sus propios documentos y mucho menos garantizar que los responsables de por ese tipo de violación hayan sido sancionados. De acuerdo con los datos entregados de noviembre de 1999 al 31 de julio de 2012, la CNDH contabilizó 184 quejas por tortura y 6 mil 604 por tratos crueles inhumanos y degradantes, mientras que en el mismo periodo emitió 43 recomendaciones por tortura y 125 por malos tratos. Se destaca que en el mismo periodo las autoridades que más han sido señaladas son: Sedena, con 75 casos por tortura y 3 mil 580 por tratos crueles, y la PGR con 34 menciones por tortura y 2 mil 26 por tratos crueles. Al observar que con 16 médicos y 13 psicólogos, la CNDH no tiene un método estandarizado con la PGR para aplicar el Protocolo de Estambul, la organización civil destaca que de la información recibida el organismo público “no da un seguimiento puntual a las recomendaciones por tortura ni cuenta con una estancia especializada en la rehabilitación de las víctimas “. Del seguimiento de sus determinaciones, señala Tlachinollan, “el ombudsman refiere que se han emitido 43 recomendaciones por tortura, dirigidas a 87 autoridades, las cuales aceptaron en 74 casos, encontrándose 312 en seguimiento y 43 cumplidas”, en tanto que en seis recomendaciones 13 autoridades no aceptaron la recomendación. Para la organización civil “sorprende que habiendo aceptación de las autoridades en 74 casos, esto no se traduzca en la sanción penal de los responsables”, ni siquiera cuando a partir de 2010 la CNDH implementó política de presentar denuncias penales al emitir una recomendación, de manera que entonces a 2012 se habían presentado 59 denuncias por tortura, no existiendo “tampoco en este rubro información sobre sentencias condenatorias en ninguno de estos casos”. Tlachinollan considera preocupante como “en la práctica, una vez que la CNDH –o cualquiera de sus homólogos estatales—ha documentado tortura y emitido una recomendación, el ministerio público no otorga valor probatorio a todo lo actuado por el sistema ombudsman, iniciando desde cero el procedimiento de investigación y obstaculizando así el acceso a la justicia”.

Fuente: Proceso
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